Análisis de las medidas de la Comunidad de Madrid para potenciar el trabajo de la discapacidad

Análisis de las medidas de la Comunidad de Madrid para potenciar el trabajo de la discapacidad

Análisis de las medidas de la Comunidad de Madrid para potenciar el trabajo de la discapacidad 544 367 Victor Villar Epifanio

Hace ya un tiempo, navegando por mis redes sociales, me encontré con este texto de la periodista de El País, Berta Ferrero: https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-10/la-comunidad-presenta-un-plan-laboral-para-personas-con-discapacidad.html

En este artículo se informa sobre el anuncio de la Comunidad de Madrid de un catálogo de medidas para la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Del listado de medidas, en el artículo se destacan dos medidas principales.

En primer lugar se destaca la idea de poner a alguien que tutorice a la persona con discapacidad. Este tutor o tutora haría su trabajo de mediación, los tres primeros meses de contrato en una empresa externa al Centro Especial de Empleo para, que teóricamente, esta persona no sufra abusos.

La segunda medida, estrella es el aumento de la vigilancia del cumplimiento de la cuota del cinco por ciento de personas con discapacidad, para ello se aumentará el número de Inspectores de Trabajo para estos casos se habla hasta de triplicar el número de personas dedicadas a la inspección.

Pues bien. Hasta aquí el anuncio corporativo del Gobierno de Ayuso. Analicemos esto a pie de obra.

Lo primero que le chirriará a cualquier persona que conozca el mundo asociativo desde dentro es que estas medidas se han negociado con ONG`s como el CERMI y la ONCE, excluyendo a los sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO. El lector o lectora bienintencionada no verá ningún problema, ya que creerá en la “gran labor social” de esas entidades y su representatividad dentro del colectivo. Pero déjenme que ponga un poquito de luz en un submundo hasta ahora bien oculto y con buena prensa.

Empecemos diciendo quienes son quienes se sentaron en esa mesa en frente del Gobierno de Ayuso:

En primer lugar, tenemos a la ONCE. A estas alturas, no hace falta decir que la ONCE es un empolio empresarial donde, según su convenio de 2020 (https://boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-9003.pdf), un vendedor junior de escala 1 cobra 13.300 € al año (1.108 € al mes), sin ningún tipo de complemento salarial, mientras que un técnico tipo A Senior cobra 45.596 € al año (3.799 € al mes) con un complemento de 3.989 € al año. Con esto no quiero hacer populismo remarcando diferencias entre ricos y pobres, sino poner a esta empresa en su lugar, el de una empresa como cualquier otra.

A esto hay que añadir, según los testimonios de trabajadores que han recurrido a mí,  jornadas reales de hasta 12 horas a la intemperie muchas veces, objetivos de venta a conseguir si no se quiere ser despedido y otros abusos laborales. Eso, si se pasa el proceso de selección de la empresa.

Al otro agente le conozco más aún, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) . En esta confederación nos encontramos a las grandes plataformas de la discapacidad como COCEMFE (Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física), la CNSE (Confederación Nacional de Sordos de España), el propio Grupo Social ONCE, FIAPAS (Confederación Estatal de Familias de Personas Sodas), o Plena Inclusión (Discapacidad Intelectual). Estás organizaciones, junto a otras 29.000 organizaciones religiosas y/o socio-sanitarias, conforman el llamado Tercer Sector, un sector empresarial de contenido social, el cual, se calcula que supone entre el 1,4 y el 1,69 del PIB y emplea a unas 530.000 personas, un 2,7% del mercado laboral. Lo único que diferencia a este sector de otros sectores empresariales es que reinvierte los beneficios por completo en ellos mismos, en sus instalaciones, recursos y personal, estos últimos con las desigualdades salariales que hemos visto antes.  Aquí, debemos tener en cuenta que  la mayoría de personas con discapacidad que trabajan en esas asociaciones y sus Centros Especiales de Empleo lo hacen en puestos de baja cualificación, quedando los puestos de dirección técnica en manos de personas sin discapacidad.

Este crecimiento desmesurado de este sector se debe a la elección en su día de un modelo social vía subvenciones, en vez de en un modelo de prestación directa de servicios públicos, como ocurre, o al menos ocurría, en  países nórdicos como Suecia o Finlandia.

Todo esto, al no informar debidamente a los sindicatos mayoritarios, convierte esta negociación en un pacto entre el Gobierno de Ayuso y la patronal de la discapacidad o siendo generosos y generosas, los sindicatos verticales de la misma, que, como recordará la persona lectora de más edad, es prácticamente lo mismo.

La consecuencia lógica de esto es que los Centros Especiales de Empleo quedan al margen de la medida estrella, la existencia de una persona tutora durante los tres primeros meses fuera del Centro Especial de Empleo. Esto, tiene dos consecuencias.

 

La primera es que los Centros Especiales de empleo se libran de la supervisión. Evidentemente, estas organizaciones no son idiotas y ponen el foco del control fuera de sus propios límites,  conservando así su imagen de entidad benefactora. Aquí debemos recordar que no todos los abusos laborales les cometen las empresas o administraciones subcontratantes, sino que en muchos casos se producen en los propios Centros Especiales de Empleo, como es el caso de los centros de ASPANIAS en Burgos, CTS (Cocemfe Toledo Servicios), o el Centro Especial de Empleo Integra en Madrid.

La segunda consecuencia es que esa persona tutora, presumiblemente, la ponga la organización que firma la cesión de ese trabajador o trabajadora. Si es así, ante un abuso del subcontratista dudo mucho que esta entidad arriesgue los beneficios que le produce la cesión de esas personas y próximas subcontratas por defender sus derechos laborales. Por eso, se puede llegar a la conclusión lógica de que se trata de poner al lobo a cuidar de las ovejas.

La otra medida estrella es la de ampliar el número de inspecciones laborales. En cuanto a esta medida, en primer lugar, sinceramente, no me fío de que esas inspecciones se aumenten tanto como dicen, (un 300%, según publicaba el artículo). No creo que el Gobierno de Ayuso, que ahorra en la contratación de la Sanidad Pública, (ahí está el Hospital Zendal), gaste dinero en más inspecciones de trabajo.

Por otro lado, por todas las experiencias de denuncias a la Inspección de Trabajo que he visto, estas no son de mucha utilidad, rara vez pasan de una amonestación y el abuso continúa, no soluciona el conflicto, el problema estructural.

Confirmando mis palabras anteriores, la última noticia que ha hecho pública el Gobierno de Madrid (https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/12/30/fomentamos-insercion-laboral-personas-discapacidad-mercado-ordinario  ), es del 30 de diciembre del año pasado y se limita ha anunciar más subvenciones a fondo perdido y sin ningún tipo de condiciones a los Centros Especiales de Empleo, salvo que el 70% de las personas contratadas, tengan al menos un 33% (grado mínimo) de discapacidad. Ese 70% es el porcentaje mínimo para conseguir ayudas, según la web del Ministerio de Trabajo ((https://www.mites.gob.es/es/guia/texto/guia_3/contenidos/guia_3_9_7.htm ):

“La cuantía de la subvención por puesto de trabajo creado de carácter estable será de 9.015,18 euros si el número de trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo está comprendido entre el 70%  y el 90% del total de la plantilla”.

Por todo lo dicho, se puede concluir que estas nuevas medidas del Gobierno de Ayuso no son más que una maniobra de propaganda política, la cual, de ser parcialmente cierta, beneficiará a la patronal de la discapacidad y dudo mucho que beneficie a las personas asalariadas con discapacidad.

 


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